La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha anunciado la liberación parcial de tres cuentas bancarias del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Esta acción se lleva a cabo en cumplimiento de una resolución judicial que le permite acceder a ciertos recursos financieros tras la suspensión provisional concedida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Según el comunicado oficial, el tribunal ha aprobado la accesibilidad a futuras pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez, derivadas de sus aportaciones al sistema de seguridad social. Sin embargo, se aclara que este acceso es limitado; los recursos que no corresponden a las pensiones especificadas seguirán congelados, manteniendo vigentes las restricciones sobre las cuentas bancarias del exfuncionario.
La UIF previamente había congelado las cuentas de Rocha Moya junto a otros funcionarios señalados por las autoridades estadounidenses en relación con una supuesta vinculación con el Cártel de Sinaloa. La medida, implementada el 18 de mayo, tuvo como objetivo prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, alineándose con las acciones de supervisión y prevención que la institución ha reforzado en la lucha contra el crimen organizado.
Asimismo, la UIF reitera su compromiso con el respeto al debido proceso y las garantías de audiencia, al tiempo que enfatiza su responsabilidad en la preservación de la integridad financiera del Estado mexicano.
El exgobernador enfrenta actualmente investigaciones tanto por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como por la Fiscalía de ese país, en relación con delitos que implican el tráfico de drogas hacia el vecino país. La situación de Rocha Moya continúa siendo objeto de seguimiento y análisis tanto a nivel nacional como internacional, subrayando la atención sobre las actuaciones de funcionarios en el contexto de la seguridad y la justicia en México.
Esta acción resalta la necesidad de una vigilancia continua sobre la conducta financiera de los servidores públicos, especialmente aquellos bajo sospecha de implicación en delitos graves.
