La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha revelado que 214 empresas están actualmente vinculadas al desarrollo de asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, incluyendo Jerusalén Este, lugares que son considerados ilegales bajo el Derecho Internacional. Este anuncio se enmarca dentro de la actividad continua de la ONU en la supervisión de entidades comerciales que operan en estas áreas, destacando la inclusión de tres empresas españolas en esta «lista negra.»
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha ampliado su listado, añadiendo 61 nuevas compañías a las 126 previamente revisadas. Estas empresas están mayormente relacionadas con áreas como agricultura, transporte, gestión de residuos, energía, alimentación y la industria hotelera.
La ONU ha indicado que todavía hay entidades pendientes de evaluación de un total de 381, lo que genera incertidumbre sobre la relación de 255 empresas con los asentamientos en Cisjordania. En el listado actual, se encuentran compañías españolas como Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) y Salvat Logística, mientras que otras, como Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI) y Actividades de Construcción y Servicios (ACS), han sido retiradas por cesar actividades vinculadas a los asentamientos.
Este informe se presenta en un contexto de creciente crítica a las acciones de Israel en la Franja de Gaza, donde grupos de derechos humanos y expertos de la ONU han acusado al Estado hebreo de perpetrar acciones que podrían calificar como genocidio frente a la población palestina. Según datos del Ministerio de Salud de Gaza, se estima que al menos 74 mil palestinos han perdido la vida a causa de las operaciones militares israelíes, una cifra que podría ser considerablemente más alta debido a la falta de información y los cuerpos que aún se encuentran bajo escombros.
La expansión de estos asentamientos ha sido reiteradamente señalada por la Corte Internacional de Justicia como una violación grave del Derecho Internacional, mientras que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, enfrenta órdenes de arresto por crímenes de guerra emitidas por la Corte Penal Internacional.
La inquietante situación en la región, potenciada por la reciente inclusión de más empresas en la lista de la ONU, reitera la necesidad de un análisis más profundo y de acciones internacionales adecuadas para abordar la crisis en curso.
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