El gobierno de Honduras, bajo la dirección del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha tomado la decisión histórica de clasificar a varias pandillas como grupos «terroristas». Esta medida, anunciada el pasado sábado, tiene como objetivo ampliar las facultades de las autoridades para combatir la criminalidad en el país, que enfrenta una alarmante tasa de homicidios de 24 por cada 100,000 habitantes, una cifra significativamente superior al promedio mundial.
Las pandillas más notorias, como Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), no solo operan en Honduras, sino que también tienen influencia en otros países de Centroamérica, incluyendo Guatemala y El Salvador. Este último, en el contexto reciente de la guerra antipandillas implementada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, ha visto un aumento en la represión contra estos grupos, que ya eran considerados «terroristas» por Estados Unidos.
Durante el anuncio, Zambrano no reveló los nombres de las organizaciones designadas, afirmando que la estrategia implica acciones sorpresivas para desmantelar sus operaciones. Explicó que esta clasificación facilitará la implementación de medidas inmediatas, incluyendo la posible reforma legal que permitirá recluir a los pandilleros en prisiones de alta seguridad, independientemente de que hayan sido condenados.
Además, se planea establecer restricciones severas a las comunicaciones dentro de las cárceles y crear equipos especiales de fiscales y jueces para perseguir a estos grupos. Zambrano destacó que las autoridades actuarán «de lunes a domingo, todos los días del año y a cualquier hora», subrayando un enfoque intensificado contra estas organizaciones criminales.
La administración del presidente Nasry Asfura, un aliado del expresidente estadounidense Donald Trump, busca reducir la criminalidad como su principal objetivo. La declaración de terroristas para estas pandillas podría marcar un cambio significativo en la estrategia de seguridad de Honduras y en su lucha contra el crimen organizado.