La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha presentado una propuesta de cambios significativos en la normativa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para las empresas, con el objetivo de incrementar los ingresos fiscales en aproximadamente 140 mil millones de pesos (equivalente a 8,200 millones de dólares) durante el próximo año. Esta iniciativa, que se incluye en el proyecto de presupuesto para 2027, busca enfrentar el creciente déficit presupuestario del país, aunque ya ha suscitado preocupaciones entre los empresarios sobre el posible impacto negativo en sus operaciones.
El plan de Sheinbaum tiene como propósito frenar la evasión fiscal, restringiendo las deducciones que las empresas pueden aplicar en sus obligaciones tributarias. Según el análisis del Ministerio de Hacienda, la mayoría de las empresas históricamente han utilizado estas deducciones para evadir impuestos, haciendo frente a la obligación de pagar hasta un 3% de sus ingresos, incluso si no reportan ganancias.
Las asociaciones empresariales han expresado su alarma ante estas restricciones, argumentando que podrían sobrecargar fiscalmente a las empresas que operan legítimamente con márgenes de ganancia bajos, lo que potencialmente conduciría a la insolvencia de algunas y podría desalentar futuras inversiones. José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que de no gestionar adecuadamente estos cambios, la inversión en el país podría verse perjudicada.
Hasta el momento, Sheinbaum ha mostrado una inclinación hacia la mejora en la recaudación de impuestos en lugar de implementar una reforma fiscal amplia. Su gobierno ha promovido medidas como impuestos selectivos y aranceles, justificando estas acciones como parte de un esfuerzo por proteger la economía y combatir la evasión fiscal, a pesar de que podrían representar mayores cargas fiscales para los hogares y las empresas.
La propuesta de limitar las deducciones fiscales continúa generando un intenso debate, particularmente porque se considera que los efectos acumulativos de las políticas fiscales de la administración se asemejan cada vez más a una reforma fiscal, aunque no se le llame así formalmente. Gabriela Siller, directora de análisis del Banco Base, sugiere que las reformas recientes son algunas de las más significativas de los últimos años, a pesar de la resistencia política a la etiqueta de «reforma».
En medio de un contexto económico tenso y creciente vigilancia por parte de agencias de calificación crediticia sobre las finanzas públicas de México, el éxito de estas propuestas y su impacto en el ecosistema empresarial continúan siendo temas de alta relevancia.
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